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Comunicado de Prensa | Rechazo supuestas afirmaciones del Sr. Manuel Sánchez

Este bufete de abogados asumió la representación judicial del señor ANDRÉS JARAMILLO LÓPEZ, y desde ya, rechazamos de manera categórica las supuestas afirmaciones efectuadas por el señor Manuel Sánchez, que afectan el buen nombre y la trayectoria profesional de nuestro cliente, construida durante más de 28 años de trabajo honesto.

Desafortunadamente en Colombia está haciendo carrera la construcción de procesos penales, con fundamento en falsos testigos, que sin ningún sustento probatorio reciben beneficios jurídicos a cambio de realizar afirmaciones contrarias a la realidad.

Esta defensa, hará todo lo posible por llegar hasta las últimas consecuencias por encontrar la verdad, sujetándonos de manera estricta a las disposiciones legales y, no dudamos que lo propio hará la Fiscalía General de la Nación, que en la actual administración ha resultado implacable con las personas que pretenden burlar el sistema judicial.

Desde hace más de dos (2) años el señor ANDRÉS JARAMILLO LÓPEZ ha informado a la Fiscalía General de la Nación, todo cuanto le ha sido consultado hasta la fecha, sin encontrar ninguna actuación que amerite su formulación de cargos alguna.

Se reitera a la opinión pública y a los medios de comunicación, la plena disposición del señor ANDRÉS JARAMILLO LÓPEZ, para suministrar toda la información y a la vez responder cualquier interrogante que pueda surgir ante estas desatinadas declaraciones.

No se puede permitir que el mensaje que reciba la comunidad frente a estos hechos, sea que la justicia colombiana se construye sobre la base de testimonios rendidos en búsqueda de beneficios, sin corroborar la veracidad de los mismos, defraudando los valores que todo sistema de juzgamiento persigue.

Finalmente, conviene insistir sobre los perjuicios y abusos que la prisión preventiva está ocasionando en los procesos penales y espero que el respetable aparato judicial sea consecuente con los principios sobre los cuales se estructuró el Sistema Penal Acusatorio.

 

JAIME ENRIQUE GRANADOS PEÑA 
Abogado
Jaime Granados Peña & Asociados Ltda. 

 

Comunicado de Prensa | Rechazo supuestas afirmaciones del Sr. Manuel Sánchez 

Comunicado de Prensa | Gestión como Gobernador de Antioquia de Álvaro Uribe Vélez

A propósito de una notificación recibida, donde se comunica de parte de la Fiscalía Sexta Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, la revocatoria de una resolución inhibitoria de una antigua investigación previa en contra del expresidente de la República ÁLVARO URIBE VÉLEZ, por hechos acontecidos durante su gestión como Gobernador de Antioquia, me permito manifestar lo siguiente: 

  1. Sin conocer el soporte de la providencia, me causa profunda sorpresa lo decidido por el ente investigador, dado que la defensa del expresidente tuvo la oportunidad de participar en las diligencias donde se tomaron las declaraciones de los señores PABLO HERNÁN SIERRA y JUAN GUILLERMO MONSALVE.
  2.  En efecto, en relatos plagados de suposiciones, imprecisiones y mentiras, ninguno de los aludidos “testigos” fue capaz de estructurar una acusación con fundamento en contra del expresidente URIBE.    
  3.  Por el contrario, en sus temerarios relatos, únicamente se encuentran elementos que dan a entender que las mismas fueron acordadas y promovidas por otras personas con oscuros intereses.
  4. La ciudadanía debe saber que los señores SIERRA y MONSALVE, sin ningún pudor, afirman que con sus declaraciones pretenden ingresar al proceso de justicia y paz, esto para evitar pagar prolongadas condenas que los jueces de la República han impuesto en su contra y lograr evadir así la acción de la justicia.
  5. Más allá de los intentos de desprestigio, es claro que desde la muerte de su padre no existió de parte de ÁLVARO URIBE VÉLEZ, ningún vínculo con la hacienda Guacharacas, siendo además absurdo sostener que él haya promovido la delincuencia, cuando a lo largo de toda su carrera política se dedicó a combatirla.

 

 

JAIME ENRIQUE GRANADOS PEÑA 
Abogado
Jaime Granados Peña & Asociados Ltda. 

 

Comunicado de Prensa | Gestión como Gobernador de Antioquia de Álvaro Uribe Vélez 

Armonía legislativa no improvisada

En una reciente edición de la Revista Semana apareció un artículo sobre la aplicación del aumento de penas contenido en la Ley 890 de 2004 y su relación con la Ley 906 del mismo año, actual Código de Procedimiento Penal. Refiriéndoe a este artículo, el Profesor Yesid Reyes escribió una columna en el diario El Espectador afirmando que la Ley 890 de 2004 fue creada cuando el Gobierno Nacional se dió cuenta de las futuras consecuencias del nuevo Código de Procedimiento Penal. Para nutrir el debate, vale la pena tener en cuenta la génesis de las mencionadas leyes.

Para la creación del actual Código de Procedimiento Penal, de tendencia acusatoria, se llevó a cabo un largo proceso que inició con el Acto Legislativo 03 de 2002. Este Acto ordenó la conformación de una comisión y facultó a la misma para expedir, modificar o adicionar al Código Penal todo aquello relacionado con el nuevo sistema acusatorio.

De conformidad con este mandato, la comisión redactó el Código de Procedimiento Penal y ajustó las normas existentes para hacerlas consistentes con la nueva ley procesal.

Dentro de las novedades que traería la implementación del sistema acusatorio estaba la figura de los preacuerdos y la aceptación de cargos a cambio de una rebaja punitiva. Para evitar que al aceptar los cargos se otorgara una excesiva rebaja punitiva, era necesario incrementar las penas de ciertos delitos.

Lo recién explicado se ve claramente reflejado en el proceso legislativo de la Ley 906 de 2004 (la que contiene los preacuerdos y la aceptación de cargos a cambio de rebajas punitivas) y de la Ley 890 de 2004 (la que contiene, entre otras cosas, el aumento de penas). Ambos proyectos fueron radicados por el Fiscal General de la Nación el 20 de julio de 2003 bajo el nombre de Ley Estatutaria 01 de 2003. El proyecto que contenía el nuevo Código de Procedimiento Penal se radicó en la Cámara de Representantes mientras que el proyecto que contenía las modificaciones al Código Penal se radicó en el Senado.

Después del debate legislativo, ambos proyectos fueron aprobados. Como lo indica su numeración, primero fue sancionada la Ley 890 de 2004, el 7 de julio de 2004, y después, el 31 de agosto, la Ley 906 de 2004. Ambas leyes entraron a regir el 1 de enero de 2005, si bien en algunas regiones la Ley 906 entró a regir años después.

Como se ve, el aumento de las penas, lejos de ser una improvisada solución ante la sorpresa del Gobierno Nacional por los efectos del nuevo Código, fue parte del diseño normativo adelantado por la comisión redactora. Ésta siempre tuvo presente la necesidad de aumentar las penas para que la Fiscalía pudiera ofrecer beneficios para llegar a un preacuerdo con el procesado o cuando éste aceptara los cargos. De hecho, y como suele suceder, el proyecto era mucho más ambicioso del que finalmente fue aprobado.

Por: Jaime Grandos Peña

Publicado: El Colombiano | 23 de agosto de 2012 | Armonía legislativa no improvisada

Carta | Embajador de los Estados Unidos de América

Señor
PETER MICHAEL MCKINLEY
Embajador de los Estados Unidos
Ciudad.

 

Estimado señor Embajador:

 

En mi condición de abogado del doctor ÁLVARO URIBE VÉLEZ, expresidente de la República, y por su propio y expreso pedido, acudo ante un usted para elevar la siguiente petición:

Como sabrá, pues fue de público conocimiento, en días pasados el señor MAURICIO SANTOYO General (r) de la Policía Nacional, aceptó su responsabilidad, en la ciudad de Alexandria ante una Corte Federal del Distrito Este de Virginia, manifestando haber sido colaborador de organizaciones al margen de la ley, específicamente de las AUC.

En ese sentido, atendiendo que públicamente se conoció el compromiso con la verdad que el señor SANTOYO, habría adquirido al decidir colaborar con la justicia de Estados Unidos y con el fin de salvaguardar el derecho al buen nombre y la honra del doctor ÁLVARO URIBE VÉLEZ, bien fundamental protegido tanto en Colombia como en los Estados Unidos, acudo a usted para que por su conducto se trámite ante la autoridad competente y dentro de los parámetros legales la siguiente solicitud. Solicito se sirva indagar al señor MAURICIO SANTOYO General (r) de la Policía Nacional sobre las siguientes cuestiones:

  1. Si en algún momento, es decir antes, durante o después de que fungiera como Presidente de la República, le informó al doctor ÁLVARO URIBE VÉLEZ sobre las actividades por las cuales hoy acepta responsabilidad penal en Estados Unidos o si sabe que él fuera informado de alguna otra manera sobre las mismas.
  2. Si en algún momento, es decir antes, durante o después de que fungiera como Presidente de la República, percibió en el doctor ÁLVARO URIBE VÉLEZ alguna conducta irregular o mal ejemplo que lo motivara o lo determinara a realizar las actividades por las cuales hoy acepta responsabilidad penal en Estados Unidos.
  3. Si en algún momento, es decir antes, durante o después de que fungiera como Presidente de la República el doctor ÁLVARO URIBE VÉLEZ, le informó algún miembro de su gobierno o a los altos mandos de la policía de la época sobre las actividades por las cuales hoy acepta responsabilidad penal en Estados Unidos o si sabe que los mismos fueron informados de alguna otra manera sobre las mismas.
  4. Si en algún momento, es decir antes, durante o después de que fungiera como Presidente de la República el doctor ÁLVARO URIBE VÉLEZ, le informó al doctor JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN, entonces Ministro de la Defensa, o al General ÓSCAR NARANJO TRUJILLO, entonces Director General de la Policía, sobre las actividades por las cuales hoy acepta responsabilidad penal en Estados Unidos o si sabe que los mismos fueron informados de alguna otra manera sobre las mismas. Así mismo, que informe si percibió en ellos conducta irregular o mal ejemplo que lo motivara o lo determinara a realizar las actividades por las cuales hoy acepta responsabilidad penal en Estados Unidos.

La respuesta a los anteriores interrogantes es de vital importancia para salvaguardar los derechos fundamentales del doctor ÁLVARO URIBE VÉLEZ, así como para honrar el compromiso con la verdad que le asiste a Colombia y a Estados Unidos.

 

Cordialmente me suscribo,

 

 

JAIME ENRIQUE GRANADOS PEÑA 
Abogado
Jaime Granados Peña & Asociados Ltda. 

 

Carta | Embajador de los Estados Unidos de América 

Comunicado de Prensa | Declaraciones Salvatore Mancuso Gómez

A propósito de las declaraciones del extraditado paramilitar SALVATORE MANCUSO GÓMEZ, en la entrevista realizada por la alianza de noticias Caracol Radio – El Espectador del día de hoy, debo manifestar lo siguiente:

Falta a la verdad de manera grave el delincuente extraditado, al manifestar que se reunió con el expresidente. Esto nunca ocurrió, en ninguna oportunidad.

Es absolutamente mentiroso el dicho del exjefe paramilitar, que indica que del gobierno del doctor URIBE VÉLEZ, se orquestó una campaña de desprestigio en contra de la Corte Suprema de Justicia. El país conoce de sobra el talante y del expresidente y sabe que él siempre, aunque con respeto, procedió de frente y sin ambigüedades cuando tuvo discrepancias públicas con esa altísima corporación.

De manera inmediata se solicitará a la Comisión de Acusaciones de la Honorable Cámara de Representantes, que dentro de la investigación preliminar que adelanta por estos hechos, se ordene la recepción del interrogatorio formal del extraditado SALVATORE MANCUSO, para que concrete sus afirmaciones determinando las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que funda sus falsos dichos, lo cual conducirá a que se evidencia su mentira.

El expresidente URIBE VÉLEZ, presentará querella penal en contra del paramilitar extraditado por el delito de calumnia y solicitará, tanto a la Fiscalía General de la Nación, como a los magistrados de justicia y paz, que estudien la posibilidad de excluir a esta persona del programa de beneficios, por cuanto ha faltado objetivamente a sus compromisos de decir la verdad, privando al país de la posibilidad de la reconstrucción histórica y por utilizar estos escenarios para vindictas personales contra un gobierno que procedió a extraditarlo como lo mandaba la ley y la Constitución, cuando se determinó que seguía delinquiendo.

 

 

JAIME ENRIQUE GRANADOS PEÑA 
Abogado
Jaime Granados Peña & Asociados Ltda. 

 

Comunicado de Prensa | Declaraciones Salvatore Mancuso Gómez 

Tan lejos, tan cerca

El juez español, Baltasar Garzón, a quien se le adelanta un juicio por presuntas escuchas ilegales en su país. | Foto: Ap, Madrid-españa / El Colombiano
El juez español, Baltasar Garzón, a quien se le adelanta un juicio por presuntas escuchas ilegales en su país. | Foto: Ap, Madrid-españa / El Colombiano

Hay muchas similitudes entre las llamadas chuzadas para el DAS y el proceso que se le sigue a Baltasar Garzón por las escuchas ilegales ordenadas en el caso Gürtel. La situación del afamado juez español se asemeja a la del hoy olvidado exsecretario de la Presidencia Bernardo Moreno. Los hechos hablan por sí solos.

Sorprendentes resultan las similitudes que se presentan en casos judiciales que tienen ocurrencia a miles de kilómetros de distancia.

Efectivamente, lejos pero cerca se encuentran las chuzadas para el DAS y el proceso que se le sigue a Baltasar Garzón por las escuchas ilegales ordenadas dentro de la causa Gürtel. No hay duda, la situación del afamado Juez español, se asemeja a la del hoy olvidado exsecretario de la Presidencia Bernardo Moreno. Los hechos hablan por sí mismos.

Garzón, ubicándose por primera vez en su vida en el banquillo de los acusados, compareció esta semana ante el Tribunal Supremo español, esto en razón a que en su condición de miembro de la Audiencia Nacional ordenó por solicitud de la Fiscalía la intervención de las comunicaciones (chuzadas) entre algunos de los implicados en el caso Gürtel y sus abogados.

El caso Gürtel, como bien sabemos, es un escándalo de corrupción de empresas y contratos relacionados con el Partido Popular español (PP). En el mismo, en plena investigación, Garzón, a pesar de estar expresamente prohibido, ordenó interceptar las conversaciones sostenidas por los dirigentes detenidos con sus abogados.

Por esta razón, el Juez Garzón afronta hoy ante el máximo tribunal de la justicia española cargos por delitos en contra de las garantías de la intimidad y prevaricación. Moreno Villegas, también servidor público, enfrenta, ante nuestra Corte Suprema de Justicia, cargos por concierto para delinquir, abuso de la función pública e interceptación ilegal de comunicaciones privadas. Ambos, en razón a estos hechos, se encuentran hoy inhabilitados para ejercer cargos públicos.

También, como denominador común entre Bernardo y Baltasar, está el tinte o la interpretación política que se le ha dado a cada uno de sus casos. Así, Garzón, exdiputado del PSOE, tocó como juez fibras sensibles del PP y hoy, curiosamente, es acusado por aquellos dirigentes que estaban bajo su jurisdicción dentro del caso Gürtel.

Por su parte, Moreno, mano derecha del expresidente Uribe, está hoy sometido a juicio por la Sala Penal de la Corte Suprema, la misma donde varios de sus actuales y antiguos integrantes obran como alegadas víctimas en su proceso. Así, en su caso, por más que se quiera, siempre quedará en el aire que en algo tiene que ver la intensa disputa vivida entre el exmandatario y algunos sectores de la Corte, nunca desaparecerá el interrogante de si se trata de un juicio en carne ajena.

De igual modo, es curioso que siendo personas tan distintas, Moreno y Garzón, reclamen en sus procesos que se les garantice lo mismo; un juicio justo, en especial que tengan derecho a ser sometidos a un juez imparcial. Garzón recusó a dos de los magistrados que llevan su caso por considerar que existen serias dudas fundadas sobre la imparcialidad objetiva de sus juzgadores, Moreno pidió lo mismo respecto a los Conjueces y Magistrados titulares de la Corte por haber sido designados de forma indirecta por los magistrados «víctimas».

Más curioso aún, los dos Tribunales dan respuesta, a Garzón y a Moreno, calificando sus peticiones de abuso del derecho.

Respecto del fondo del asunto, como justificación de las escuchas, Garzón afirma que «interpretó» la ley, pues podría existir connivencia entre abogados y clientes para eludir del alcance de la justicia los millonarios recursos del ilícito, los cuales serían ocultados en el extranjero. En el caso de Moreno, aunque aún no hemos escuchado la primera chuzada, intereses superiores como la seguridad nacional justifican plenamente algunas de las actuaciones del extinto organismo de inteligencia que hoy son objeto de reproche.

Entonces, en ambos casos, principios e intereses superiores entran en pugna con la intimidad individual, cuestión que es difícil de entender para muchos y que curiosamente se relativiza, según el escenario, pues los mismos «defensores de derechos humanos» que con vehemencia persiguen y tienen preso hoy a Moreno, son los que se solidarizan con la causa justa de las escuchas de Garzón.

Ante este cúmulo de coincidencias, debo reconocer que el título de este artículo es tomado de la película Faraway, so close! del alemán Wim Wenders, pues encarna a la perfección cómo los seres humanos, a pesar de las marcadas diferencias, pueden vivir las mismas realidades, Garzón y Moreno son muestra de ello.

No obstante, con algo de nostalgia, la conclusión reflexiva del artículo es la inversión de su título, pues a pesar de ser casos tan similares, no es menos cierto que hoy Garzón ejerce su derecho de defensa con pleno goce de su libertad, respetando así su dignidad y su presunción de inocencia, lo que le permite viajar por todo el mundo y ser asesor de la CPI y la OEA, con incluso largos periodos de estadía en nuestro país.

Moreno, por su parte, es la prueba de la otra realidad, se defiende privado de su libertad, con total desprecio por su presunción de inocencia. Por eso, como en la película, Garzón y Moreno están como el cielo de la tierra, tan cerca pero tan lejos.

Por: Jaime Granados Peña

Fuente: El Colombiano | 24 de enero de 2012 | Tan lejos, tan cerca

Comunicado de Prensa | Sobre la determinación del Ministro de Defensa

Con estupor, pero sobretodo con profundo dolor de patria, recibo la noticia sobre la determinación del Ministro de Defensa, de llamar a curso para Almirante, al Capitán de Navío LUIS JORGE TOVAR NEIRA, luego de que se demostrara judicialmente, que fue el responsable de la aparición de un recibo falso, que intentó criminalmente vincularme con el narcotráfico, destruyendo de manera infame mi vida y la de mi familia.

Paradójicamente, el Señor Ministro de Defensa,  negó mi solicitud de reincorporarme al servicio activo para recuperar mi honor militar, pese a que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría General de la Nación, determinaran mi absoluta inocencia, y demostrando claramente que hubo mala intención.  

Sin embargo, partiendo de la buena fe, confió en que esta determinación del señor Ministro y del alto mando, que respeto pero no comparto, se haya fundado en un desconocimiento de las decisiones de la Corte Suprema de Justicia, de compulsar copias para abrir un proceso penal y disciplinario en contra del Capitán de Navío LUIS JORGE TOVAR NEIRA, por haber mentido en mi contra, bajo la gravedad de juramento.

Valga la pena llamar la atención de la opinión pública sobre este punto,  ya que a pesar de las decisiones de la Corte, la Fiscalía General de la Nación no ha avanzado en estas investigaciones (cuando en mi caso fue bastante expedita) para castigar la conducta penal de las personas que fueron capaces de hacerme privar de la libertad, siendo inocente.

¿Cuál es la diferencia entre alguien que secuestra a otro para quitarle su libertad y alguien que miente en un proceso para quitarle a otro su libertad?

Espero que luego de verificar la veracidad de lo que refiero, el señor Ministro recapacite su decisión de premiar con el almirantazgo a una persona como Tovar Neira. Creo que Colombia no se merece eso.   

 

 

GABRIEL ARANGO BACCI
Contralmirante (r)
Armada Nacional de Colombia 

 

Comunicado de Prensa | Sobre la determinación del Ministro de Defensa 

Carta | Presidente de los Estados Unidos de América

President
BARACK OBAMA
The White House
1600 Pennsylvania Avenue, NW
Washington, DC 20500

 

Dear Mr. President Obama:

 

I the undersigned, Rear Admiral, GABRIEL ARANGO BACCI, am writing from Colombia, with the purpose of requesting your good offices in the matter that I summarize below.

On the 25th of June 2007 I received an unanticipated notice from the Embassy of the United States to inform me that my visa and my wife’s visa was cancelled in accordance with section 212(I) of the 1952 Immigration Act of the United States. For then, I was totally unaware of any existing accusation against me.

In the month of July 2007 false accusations of drug trafficking were made against me, and a judicial proceeding, that lasted 28 months was carried out by the Office of the Attorney General and the Supreme Court of Justice of Colombia, in which I was unjustly deprived of my freedom for 18 months.

Mr. President, in its 2009 anti-drug report, the Department of State said that I had been found guilty by a military tribunal of accepting a bribe of $115,000. I reiterate to you that I have never been tried by a military tribunal and much less found guilty. My fingerprint was forged on a receipt by drug traffickers, but before the Supreme Court my absolute innocence was proven and the falsehood of the alleged evidences and the witnesses were demonstrated.

On the 3rd of December 2009 the Supreme Court, in its ruling, declared my absolute innocence and ordered that several officers of the Colombian Navy and other false witnesses who lied during the trial be investigated.

During the trial, the Ambassador of the United States in Colombia, Mr. WILLIAM BROWNFIELD, declared to the media that there were evidences against me.

The Honorable Magistrate of the Criminal Branch of the Supreme Court, ALFREDO GÓMEZ QUINTERO, upon the resumption of the hearings, publicly condemned the Ambassador’s intervention and advised him that if he had the evidences he should provide them for the trial. A few days later, Mr. Ambassador BROWNFIELD apologized publicly before the media of the country, without providing absolutely any evidence. Nevertheless, I insist, should any agency or entity in the United States have any charges or complaints against me, that might affect my reputation, my honor and the image of my country, I shall be given the right to defense and to clear my name and reputation.

In declarations before the members of the Office of Attorney General of Colombia within the proceedings, it was said that the money to pay for the activities of this operation was provided by the DEA and the CIA through the Colombian Navy.

It could be proven, Mr. President, that there was a set-up against me, with false documents and witnesses, that led to my retirement from the Colombian Navy, where I served impeccably for 36 years and with not even one accusation for undue behavior.

Since my absolute innocence was demonstrated in this case, through my lawyer, I asked for an appointment with Mr. Ambassador BROWNFIELD, not only to reassure him that I was innocent of the accusation, but also to reiterate that my moral standing and that of my family’s has been tarnished. The embassy informed by e-mail that I and my family could apply to have our American visa restored.

Mr. President, I was the Military Attaché at the Embassy of Colombia in Washington in 1998 and 1999 and my little children studied in a public school in the United States, and for this reason all I have is gratitude and respect for your country.

My wife CATALINA JIMÉNEZ ISAZA also studied her Master’s Degree in Boston and feels great respect and admiration for your country.

I am resorting to your good offices, Mr. President, to help me find a way out of this painful injustice set up against an innocent high-ranked officer and his family, to have my reputation restored once and for all.

 

Very truly yours,

Rear Admiral (r)

GABRIEL ARANGO BACCI

 

Carta | Presidente de los Estados Unidos de América 

Carta | Al Almirante Barrera, de un marino triste

Señor Almirante
GUILLERMO BARRERA HURTADO
Ciudad.

 

Copia: Presidencia de la República
Comando General
Procuraduría General de la Nación
Contraloría General de la Nación.    

 

Señor Almirante:

 

En los albores de la Escuela Naval, nuestros antecesores y maestros nos enseñaron el valor de la palabra “honor”, que encierra más significados y que muchos de nuestros hombres han honrado, aún con la de su propia vida. Hoy, nos sentimos alarmados con sus pronunciamientos  y su declaración ante la Corte Suprema de Justicia, de no recordar los hechos tan graves denunciados por  usted mismo. Nos asalta la pregunta, si en aras de colegir una defensa se llegan a esos  hechos de dejar en el espacio de no recordar nada y de esta forma no corregir algún error o falta de rigor de las investigaciones en contra del Almirante Arango o lo más grave de dejar en el ambiente como Pilatos,  una   denuncia tan grave y no asumir la responsabilidad que se equivocaron o creyeron fehacientemente en una información. Cada día que pasa los errores son más  visibles y los colombianos de bien, nos sentimos más avergonzados de quien dirige la Armada,  por faltar a la verdad y por el “honor del militar”  en no asumir sus  responsabilidades.

Hoy la Armada está en manos de almirantes áulicos, de falta de dignidad (Caso Almirante Román) a quien lo retiraron por incapacidad profesional demostrada en sus más de 35 años de servicio y fue llamado nuevamente y con la ilusión de que sería comandante de la institución y con su aceptación que se llegara a este estado y con mensajes equivocados a sus subalternos. Usted como comandante nunca debió permitir esta falta de respeto con la institución.

Hoy la Armada se sumerge en la mediocridad por falta de líderes y comandantes, su paso dejó huellas de corrupción, falsos positivos, falta de compromiso, ausencia de profesionalismo  y sobre todo de una percepción errónea de comandar una institución tan preciada de los colombianos, sólo con coqueteos  roscas, servilismo y ausencia de políticas coherentes, como lo debe ser hoy una Armada moderna y pujante. La historia será implacable con su legado. La voluntad de sus combatientes  se logra con el respeto,  con la entrega, con el conocimiento, con el liderazgo y sobre todo con el “HONOR MILITAR”.

La seguridad democrática, que usted nunca entendió, ni quiso entender, porque ante sus subalternos  se escondía o rehusaba sus responsabilidades y no afrontaba las realidades del país. Fue un almirante con suerte, porque nunca  se evidenció con sus superiores su falta de entrega y compromiso, pero hoy ha sido descubierto. Su asesor Almirante  ECHANDÍA, un hombre diabólico le ha hecho mucho daño a la institución por sus ambiciones de poder. Sus  fechorías junto con el Capitán TABARES, LAGOS, TOVAR, COLÓN, han comprometido a este gobierno, al país, y a las instituciones  para colocar en escarnio público a personas inocentes. Ellos pagarán sus culpas y serán esclavos de los perjuicios que le han propinado a más de un centenar de personas.

Mi tristeza de colombiano de bien, de conocedor de nuestra Armada, con familiares y arraigo familiar en esta institución tan querida, ha sido mancillada por hombres de falta de honor. De los errores hay que aprender, y el gobierno sabrá corregir los mismos con un timonazo y una clara voluntad de que los hombres que están en ella, lo hacen por amor y por llevar la paz a los colombianos, ese es el precepto que nuestro Presidente exige, hombres de honor,  hombres de trabajo, hombres de acero y hombres de entrega total. Por una causa.

El Almirante ARANGO, será el que inicie esta revolución en la Armada, al descubrir y luchar por una causa injusta. Dios lo perdone a usted y sus asesores.

Y a propósito. Los excomandantes de la Armada a excepción del Almirante SOTO,  quienes firmaron una carta de respaldo al Almirante BARRERA, tendrán una respuesta a esta ligereza.

 

Carta | Al Almirante Barrera, de un marino triste