En una reciente edición de la Revista Semana apareció un artículo sobre la aplicación del aumento de penas contenido en la Ley 890 de 2004 y su relación con la Ley 906 del mismo año, actual Código de Procedimiento Penal. Refiriéndoe a este artículo, el Profesor Yesid Reyes escribió una columna en el diario El Espectador afirmando que la Ley 890 de 2004 fue creada cuando el Gobierno Nacional se dió cuenta de las futuras consecuencias del nuevo Código de Procedimiento Penal. Para nutrir el debate, vale la pena tener en cuenta la génesis de las mencionadas leyes.
Para la creación del actual Código de Procedimiento Penal, de tendencia acusatoria, se llevó a cabo un largo proceso que inició con el Acto Legislativo 03 de 2002. Este Acto ordenó la conformación de una comisión y facultó a la misma para expedir, modificar o adicionar al Código Penal todo aquello relacionado con el nuevo sistema acusatorio.
De conformidad con este mandato, la comisión redactó el Código de Procedimiento Penal y ajustó las normas existentes para hacerlas consistentes con la nueva ley procesal.
Dentro de las novedades que traería la implementación del sistema acusatorio estaba la figura de los preacuerdos y la aceptación de cargos a cambio de una rebaja punitiva. Para evitar que al aceptar los cargos se otorgara una excesiva rebaja punitiva, era necesario incrementar las penas de ciertos delitos.
Lo recién explicado se ve claramente reflejado en el proceso legislativo de la Ley 906 de 2004 (la que contiene los preacuerdos y la aceptación de cargos a cambio de rebajas punitivas) y de la Ley 890 de 2004 (la que contiene, entre otras cosas, el aumento de penas). Ambos proyectos fueron radicados por el Fiscal General de la Nación el 20 de julio de 2003 bajo el nombre de Ley Estatutaria 01 de 2003. El proyecto que contenía el nuevo Código de Procedimiento Penal se radicó en la Cámara de Representantes mientras que el proyecto que contenía las modificaciones al Código Penal se radicó en el Senado.
Después del debate legislativo, ambos proyectos fueron aprobados. Como lo indica su numeración, primero fue sancionada la Ley 890 de 2004, el 7 de julio de 2004, y después, el 31 de agosto, la Ley 906 de 2004. Ambas leyes entraron a regir el 1 de enero de 2005, si bien en algunas regiones la Ley 906 entró a regir años después.
Como se ve, el aumento de las penas, lejos de ser una improvisada solución ante la sorpresa del Gobierno Nacional por los efectos del nuevo Código, fue parte del diseño normativo adelantado por la comisión redactora. Ésta siempre tuvo presente la necesidad de aumentar las penas para que la Fiscalía pudiera ofrecer beneficios para llegar a un preacuerdo con el procesado o cuando éste aceptara los cargos. De hecho, y como suele suceder, el proyecto era mucho más ambicioso del que finalmente fue aprobado.
Por: Jaime Grandos Peña
Publicado: El Colombiano | 23 de agosto de 2012 | Armonía legislativa no improvisada