A propósito de las nuevas manifestaciones públicas, realizadas por los señores NICOLÁS MADURO, DIOSDADO CABELLO y MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEL, JAIME ENRIQUE GRANADOS PEÑA, abogado del expresidente de la República ÁLVARO URIBE VÉLEZ, le informa a la opinión pública que:  

1. Dichas expresiones son el reflejo de la triste realidad que vive Venezuela, en donde para ocultar la corrupción y la ineficacia de un modelo de gobierno que fracasó se acude a calumniar a distintas personas, a quienes se les vincula falsamente en supuestos complots que sólo existen en la cabeza de quienes pretenden mantener la dictadura que actualmente gobierna en dicho país.
2.  Por lo anterior, tal y como se había anunciado solicité al Procurador General de la Nación la presentación de una petición especial para que, en caso de que los señores MADURO o CABELLO ingresen a territorio Colombiano, puedan ser investigados por un órgano de justicia imparcial por las calumnias y amenazas irresponsablemente proferidas en contra del expresidente de la República URIBE VÉLEZ. 

 

 

JAIME ENRIQUE GRANADOS PEÑA 
Abogado
Jaime Granados Peña & Asociados Ltda. 

 

 

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A propósito del anuncio realizado por los medios de comunicación, respecto a la investigación disciplinaria que se adelanta contra varios oficiales de la fuerza pública, en calidad de apoderado del expresidente de la República, ÁLVARO URIBE VÉLEZ, me permito manifestar lo siguiente: 

 

1. El doctor ÁLVARO URIBE VÉLEZ, me ha otorgado poder y me ha pedido que solicite a la Fiscalía General de la Nación, que escuche su versión respecto de la publicación en Twitter del mensaje que daba cuenta de la suspensión de operaciones militares para facilitar la salida de terroristas del país.
2.  Ningún miembro de las Fuerzas Armadas entregó la información al expresidente Uribe, quien, como él mismo lo ha reiterado, la recibió por redes y, a través de un periodista, la confirmó con terceras personas, cercanas al proceso con las Farc.  
3. Es lamentable, que se pretenda ahora, responsabilizar a la Fuerza Pública por el hecho de que la sociedad colombiana que tiene derecho a estar informada, se enterara de la suspensión de las operaciones militares, cuando lo realmente reprochable es que se haya facilitado la salida de los verdugos de la misma.

JAIME ENRIQUE GRANADOS PEÑA
Abogado
Jaime Granados Peña & Asociados Ltda. 

 

 

Este bufete de abogados asumió la representación judicial del señor ANDRÉS JARAMILLO LÓPEZ, y desde ya, rechazamos de manera categórica las supuestas afirmaciones efectuadas por el señor Manuel Sánchez, que afectan el buen nombre y la trayectoria profesional de nuestro cliente, construida durante más de 28 años de trabajo honesto.

Desafortunadamente en Colombia está haciendo carrera la construcción de procesos penales, con fundamento en falsos testigos, que sin ningún sustento probatorio reciben beneficios jurídicos a cambio de realizar afirmaciones contrarias a la realidad.

Esta defensa, hará todo lo posible por llegar hasta las últimas consecuencias por encontrar la verdad, sujetándonos de manera estricta a las disposiciones legales y, no dudamos que lo propio hará la Fiscalía General de la Nación, que en la actual administración ha resultado implacable con las personas que pretenden burlar el sistema judicial.

Desde hace más de dos (2) años el señor ANDRÉS JARAMILLO LÓPEZ ha informado a la Fiscalía General de la Nación, todo cuanto le ha sido consultado hasta la fecha, sin encontrar ninguna actuación que amerite su formulación de cargos alguna.

Se reitera a la opinión pública y a los medios de comunicación, la plena disposición del señor ANDRÉS JARAMILLO LÓPEZ, para suministrar toda la información y a la vez responder cualquier interrogante que pueda surgir ante estas desatinadas declaraciones.

No se puede permitir que el mensaje que reciba la comunidad frente a estos hechos, sea que la justicia colombiana se construye sobre la base de testimonios rendidos en búsqueda de beneficios, sin corroborar la veracidad de los mismos, defraudando los valores que todo sistema de juzgamiento persigue.

Finalmente, conviene insistir sobre los perjuicios y abusos que la prisión preventiva está ocasionando en los procesos penales y espero que el respetable aparato judicial sea consecuente con los principios sobre los cuales se estructuró el Sistema Penal Acusatorio.

 

JAIME ENRIQUE GRANADOS PEÑA 
Abogado
Jaime Granados Peña & Asociados Ltda. 

 

 

A propósito de una notificación recibida, donde se comunica de parte de la Fiscalía Sexta Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, la revocatoria de una resolución inhibitoria de una antigua investigación previa en contra del expresidente de la República ÁLVARO URIBE VÉLEZ, por hechos acontecidos durante su gestión como Gobernador de Antioquia, me permito manifestar lo siguiente: 

1. Sin conocer el soporte de la providencia, me causa profunda sorpresa lo decidido por el ente investigador, dado que la defensa del expresidente tuvo la oportunidad de participar en las diligencias donde se tomaron las declaraciones de los señores PABLO HERNÁN SIERRA y JUAN GUILLERMO MONSALVE.
2.  En efecto, en relatos plagados de suposiciones, imprecisiones y mentiras, ninguno de los aludidos “testigos” fue capaz de estructurar una acusación con fundamento en contra del expresidente URIBE.    
3.  Por el contrario, en sus temerarios relatos, únicamente se encuentran elementos que dan a entender que las mismas fueron acordadas y promovidas por otras personas con oscuros intereses.
4. La ciudadanía debe saber que los señores SIERRA y MONSALVE, sin ningún pudor, afirman que con sus declaraciones pretenden ingresar al proceso de justicia y paz, esto para evitar pagar prolongadas condenas que los jueces de la República han impuesto en su contra y lograr evadir así la acción de la justicia.
5. Más allá de los intentos de desprestigio, es claro que desde la muerte de su padre no existió de parte de ÁLVARO URIBE VÉLEZ, ningún vínculo con la hacienda Guacharacas, siendo además absurdo sostener que él haya promovido la delincuencia, cuando a lo largo de toda su carrera política se dedicó a combatirla.

 

 

JAIME ENRIQUE GRANADOS PEÑA 
Abogado
Jaime Granados Peña & Asociados Ltda. 

 

 

Señor
PETER MICHAEL MCKINLEY
Embajador de los Estados Unidos
Ciudad.

 

Estimado señor Embajador:

 

En mi condición de abogado del doctor ÁLVARO URIBE VÉLEZ, expresidente de la República, y por su propio y expreso pedido, acudo ante un usted para elevar la siguiente petición:

Como sabrá, pues fue de público conocimiento, en días pasados el señor MAURICIO SANTOYO General (r) de la Policía Nacional, aceptó su responsabilidad, en la ciudad de Alexandria ante una Corte Federal del Distrito Este de Virginia, manifestando haber sido colaborador de organizaciones al margen de la ley, específicamente de las AUC.

En ese sentido, atendiendo que públicamente se conoció el compromiso con la verdad que el señor SANTOYO, habría adquirido al decidir colaborar con la justicia de Estados Unidos y con el fin de salvaguardar el derecho al buen nombre y la honra del doctor ÁLVARO URIBE VÉLEZ, bien fundamental protegido tanto en Colombia como en los Estados Unidos, acudo a usted para que por su conducto se trámite ante la autoridad competente y dentro de los parámetros legales la siguiente solicitud. Solicito se sirva indagar al señor MAURICIO SANTOYO General (r) de la Policía Nacional sobre las siguientes cuestiones:

1. Si en algún momento, es decir antes, durante o después de que fungiera como Presidente de la República, le informó al doctor ÁLVARO URIBE VÉLEZ sobre las actividades por las cuales hoy acepta responsabilidad penal en Estados Unidos o si sabe que él fuera informado de alguna otra manera sobre las mismas.
2. Si en algún momento, es decir antes, durante o después de que fungiera como Presidente de la República, percibió en el doctor ÁLVARO URIBE VÉLEZ alguna conducta irregular o mal ejemplo que lo motivara o lo determinara a realizar las actividades por las cuales hoy acepta responsabilidad penal en Estados Unidos.
3. Si en algún momento, es decir antes, durante o después de que fungiera como Presidente de la República el doctor ÁLVARO URIBE VÉLEZ, le informó algún miembro de su gobierno o a los altos mandos de la policía de la época sobre las actividades por las cuales hoy acepta responsabilidad penal en Estados Unidos o si sabe que los mismos fueron informados de alguna otra manera sobre las mismas.
4. Si en algún momento, es decir antes, durante o después de que fungiera como Presidente de la República el doctor ÁLVARO URIBE VÉLEZ, le informó al doctor JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN, entonces Ministro de la Defensa, o al General ÓSCAR NARANJO TRUJILLO, entonces Director General de la Policía, sobre las actividades por las cuales hoy acepta responsabilidad penal en Estados Unidos o si sabe que los mismos fueron informados de alguna otra manera sobre las mismas. Así mismo, que informe si percibió en ellos conducta irregular o mal ejemplo que lo motivara o lo determinara a realizar las actividades por las cuales hoy acepta responsabilidad penal en Estados Unidos.

La respuesta a los anteriores interrogantes es de vital importancia para salvaguardar los derechos fundamentales del doctor ÁLVARO URIBE VÉLEZ, así como para honrar el compromiso con la verdad que le asiste a Colombia y a Estados Unidos.

 

Cordialmente me suscribo,

 

 

JAIME ENRIQUE GRANADOS PEÑA 
Abogado
Jaime Granados Peña & Asociados Ltda. 

 

 

A propósito de las declaraciones del extraditado paramilitar SALVATORE MANCUSO GÓMEZ, en la entrevista realizada por la alianza de noticias Caracol Radio – El Espectador del día de hoy, debo manifestar lo siguiente:

Falta a la verdad de manera grave el delincuente extraditado, al manifestar que se reunió con el expresidente. Esto nunca ocurrió, en ninguna oportunidad.

Es absolutamente mentiroso el dicho del exjefe paramilitar, que indica que del gobierno del doctor URIBE VÉLEZ, se orquestó una campaña de desprestigio en contra de la Corte Suprema de Justicia. El país conoce de sobra el talante y del expresidente y sabe que él siempre, aunque con respeto, procedió de frente y sin ambigüedades cuando tuvo discrepancias públicas con esa altísima corporación.

De manera inmediata se solicitará a la Comisión de Acusaciones de la Honorable Cámara de Representantes, que dentro de la investigación preliminar que adelanta por estos hechos, se ordene la recepción del interrogatorio formal del extraditado SALVATORE MANCUSO, para que concrete sus afirmaciones determinando las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que funda sus falsos dichos, lo cual conducirá a que se evidencia su mentira.

El expresidente URIBE VÉLEZ, presentará querella penal en contra del paramilitar extraditado por el delito de calumnia y solicitará, tanto a la Fiscalía General de la Nación, como a los magistrados de justicia y paz, que estudien la posibilidad de excluir a esta persona del programa de beneficios, por cuanto ha faltado objetivamente a sus compromisos de decir la verdad, privando al país de la posibilidad de la reconstrucción histórica y por utilizar estos escenarios para vindictas personales contra un gobierno que procedió a extraditarlo como lo mandaba la ley y la Constitución, cuando se determinó que seguía delinquiendo.

 

 

JAIME ENRIQUE GRANADOS PEÑA 
Abogado
Jaime Granados Peña & Asociados Ltda. 

 

 

Con estupor, pero sobretodo con profundo dolor de patria, recibo la noticia sobre la determinación del Ministro de Defensa, de llamar a curso para Almirante, al Capitán de Navío LUIS JORGE TOVAR NEIRA, luego de que se demostrara judicialmente, que fue el responsable de la aparición de un recibo falso, que intentó criminalmente vincularme con el narcotráfico, destruyendo de manera infame mi vida y la de mi familia.

Paradójicamente, el Señor Ministro de Defensa,  negó mi solicitud de reincorporarme al servicio activo para recuperar mi honor militar, pese a que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría General de la Nación, determinaran mi absoluta inocencia, y demostrando claramente que hubo mala intención.  

Sin embargo, partiendo de la buena fe, confió en que esta determinación del señor Ministro y del alto mando, que respeto pero no comparto, se haya fundado en un desconocimiento de las decisiones de la Corte Suprema de Justicia, de compulsar copias para abrir un proceso penal y disciplinario en contra del Capitán de Navío LUIS JORGE TOVAR NEIRA, por haber mentido en mi contra, bajo la gravedad de juramento.

Valga la pena llamar la atención de la opinión pública sobre este punto,  ya que a pesar de las decisiones de la Corte, la Fiscalía General de la Nación no ha avanzado en estas investigaciones (cuando en mi caso fue bastante expedita) para castigar la conducta penal de las personas que fueron capaces de hacerme privar de la libertad, siendo inocente.

¿Cuál es la diferencia entre alguien que secuestra a otro para quitarle su libertad y alguien que miente en un proceso para quitarle a otro su libertad?

Espero que luego de verificar la veracidad de lo que refiero, el señor Ministro recapacite su decisión de premiar con el almirantazgo a una persona como Tovar Neira. Creo que Colombia no se merece eso.   

 

 

GABRIEL ARANGO BACCI
Contralmirante (r)
Armada Nacional de Colombia 

 

 

President
BARACK OBAMA
The White House
1600 Pennsylvania Avenue, NW
Washington, DC 20500

 

Dear Mr. President Obama:

 

I the undersigned, Rear Admiral, GABRIEL ARANGO BACCI, am writing from Colombia, with the purpose of requesting your good offices in the matter that I summarize below.

On the 25th of June 2007 I received an unanticipated notice from the Embassy of the United States to inform me that my visa and my wife’s visa was cancelled in accordance with section 212(I) of the 1952 Immigration Act of the United States. For then, I was totally unaware of any existing accusation against me.

In the month of July 2007 false accusations of drug trafficking were made against me, and a judicial proceeding, that lasted 28 months was carried out by the Office of the Attorney General and the Supreme Court of Justice of Colombia, in which I was unjustly deprived of my freedom for 18 months.

Mr. President, in its 2009 anti-drug report, the Department of State said that I had been found guilty by a military tribunal of accepting a bribe of $115,000. I reiterate to you that I have never been tried by a military tribunal and much less found guilty. My fingerprint was forged on a receipt by drug traffickers, but before the Supreme Court my absolute innocence was proven and the falsehood of the alleged evidences and the witnesses were demonstrated.

On the 3rd of December 2009 the Supreme Court, in its ruling, declared my absolute innocence and ordered that several officers of the Colombian Navy and other false witnesses who lied during the trial be investigated.

During the trial, the Ambassador of the United States in Colombia, Mr. WILLIAM BROWNFIELD, declared to the media that there were evidences against me.

The Honorable Magistrate of the Criminal Branch of the Supreme Court, ALFREDO GÓMEZ QUINTERO, upon the resumption of the hearings, publicly condemned the Ambassador’s intervention and advised him that if he had the evidences he should provide them for the trial. A few days later, Mr. Ambassador BROWNFIELD apologized publicly before the media of the country, without providing absolutely any evidence. Nevertheless, I insist, should any agency or entity in the United States have any charges or complaints against me, that might affect my reputation, my honor and the image of my country, I shall be given the right to defense and to clear my name and reputation.

In declarations before the members of the Office of Attorney General of Colombia within the proceedings, it was said that the money to pay for the activities of this operation was provided by the DEA and the CIA through the Colombian Navy.

It could be proven, Mr. President, that there was a set-up against me, with false documents and witnesses, that led to my retirement from the Colombian Navy, where I served impeccably for 36 years and with not even one accusation for undue behavior.

Since my absolute innocence was demonstrated in this case, through my lawyer, I asked for an appointment with Mr. Ambassador BROWNFIELD, not only to reassure him that I was innocent of the accusation, but also to reiterate that my moral standing and that of my family’s has been tarnished. The embassy informed by e-mail that I and my family could apply to have our American visa restored.

Mr. President, I was the Military Attaché at the Embassy of Colombia in Washington in 1998 and 1999 and my little children studied in a public school in the United States, and for this reason all I have is gratitude and respect for your country.

My wife CATALINA JIMÉNEZ ISAZA also studied her Master’s Degree in Boston and feels great respect and admiration for your country.

I am resorting to your good offices, Mr. President, to help me find a way out of this painful injustice set up against an innocent high-ranked officer and his family, to have my reputation restored once and for all.

 

Very truly yours,

Rear Admiral (r)

GABRIEL ARANGO BACCI